En el año 2000, en los comienzos de este camino hacia la accesibilidad audiovisual se celebró un encuentro en el que participaron las televisiones públicas, las privadas y las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad sensorial. “En aquel momento pensábamos que el desarrollo y la incorporación de obligaciones en materia de accesibilidad a los servicios de comunicación audiovisual era un sueño por el que merecía la pena trabajar”, asegura Ángel García Castillejo, subdirector del CESyA. Aquellos trabajos iniciales se terminaron concretando años después en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) de 2010, “donde por fin se incorporan estas obligaciones, muchas de ellas, ya las propias televisiones, de forma voluntaria, en muchos casos las estaban incorporando”, asegura García Castillejo. 

 

Hoy es una realidad que incluso se está midiendo. “Es un proceso del que todos podemos sentirnos orgullosos, pero todavía queda mucho por hacer y mucho que desarrollar para llegar a otros sectores, a otras personas con otras discapacidades, como las personas con discapacidad intelectual, para que principios constitucionales como el de igualdad se verifiquen en la prestación de servicios de comunicación audiovisual”, añade el subdirector del CESyA.

 

 

Para llegar a este punto, han sido necesarias muchas reuniones y propuestas, apuestas que podían parecían arriesgadas pero que eran necesarias, tal y como explica el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno: "Incluir la accesibilidad en los medios audiovisuales no es una traba o un obstáculo, no es carga para la industria, como se advertía hace unos años, se ha demostrado que en estos cuatro años, en los que se han producido mejoras numéricas evidentes, la industria audiovisual no se ha lastrado. No hay que mirar con codicia estas cuestiones, hay que mirar como servicio público que es y que enriquece la vida en comunidad”. 

 

Los comienzos de esta marcha hacia la accesibilidad audiovisual se remontan a la Constitución, como bien explica García Castillejo: “Partimos de unas bases sólidas, que están en la Constitución española, en su artículo 14, sobre el principio de Igualdad, del artículo 10, que preserva y garantiza la dignidad de las personas, y, ¡cómo no!, del artículo 9.2 por el que se establece que corresponde a los poderes públicos el promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas para el conjunto de los ciudadanos”. Y a continuación se van añadiendo logros consecutivos en materia legal, que pasan necesariamente en 2006, con la aprobación de la Convención de la ONU sobre las Personas con Discapacidad (y la ratificación de España en 2007) y en 2010 por la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), donde definitivamente se incorporan las obligaciones de accesibilidad a la televisión en España, entre otras normas. Y por último, es de destacar también la Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), con la que además, disponemos de una autoridad reguladora responsable del cumplimiento, seguimiento y supervisión de estas obligaciones.

 

Con todo ello, parece imposible pensar en la necesidad de un cambio o reforma, pero no es así. Según Pérez Bueno: “En España hemos llegado tarde a muchas cosas en el ámbito social, en el ámbito de derechos, especialmente en el ámbito de la accesibilidad. Tenemos una legislación recentísima y quiero poner el énfasis en la importancia de las leyes. Las leyes no son suficientes pero son absolutamente necesarias, no son un fin en sí mismas sino que son un instrumento y un proceso, y tener una LGCA, con sus fallas, distando de los objetivos que teníamos, claramente es una deficiencia de modelo legal los pírricos porcentajes de audiodescripción y de lengua de signos, había un miedo, que no se entiende, una reticencia… hay elementos de deficiencia como que no se aplique a la televisión de pago, la publicidad queda fuera también pues no hay obligaciones de medidas de accesibilidad (solo para la publicidad institucional), los temas de calidad son absolutamente relevantes y ahí hay una parte de esa insatisfacción que el informe mostraba”.

 

Y es por eso, entre otras cosas, por lo que el presidente del CERMI valora la necesidad de un cambio integral en las normas: “Hay elementos de mejora y quiero incidir en la necesidad de tener mejores normas y tener a los operadores televisivos como aliados para seguir mejorando. Incluir la accesibilidad en los medios audiovisuales no es una traba o un obstáculo, no es carga para la industria, se ha demostrado que en estos cuatro años, en los que se han producido mejoras numéricas evidentes, la industria audiovisual no se ha lastrado. No hay que mirar con codicia estas cuestiones, hay que mirar como servicio público que es y que enriquece la vida en comunidad. Desde el movimiento de la discapacidad confiamos en nuestras leyes, confiamos en seguir en ese proceso incisivo, crítico, agudo, de presión; estamos en vísperas de un proceso electoral y es el momento de plantear una reforma integral de todo nuestro marco normativo de accesibilidad audiovisual, que colme las lagunas que no están y que vaya más allá en esos aspectos que se ha demostrado que son posibles y que la tecnología está de nuestra parte”. 

 

 

Algo similar expone Julia López, subdirectora de Audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), quien elogia el trabajo realizado hasta ahora, pero al tiempo sugiere la posibilidad de ir más allá: “En este momento entendemos que el grado de cumplimiento es bastante satisfactorio, pero no hay que perder la perspectiva porque tan importante como el cumplimiento cuantitativo es el control de la calidad, de nada sirve cumplir con los porcentajes si el subtitulado de los programas en directo no está sincronizado con las imágenes que se subtitulan o si los subtítulos no están a una velocidad legible o si no se utilizan diferentes colores en función de quién habla. La necesidad de establecer unos requisitos de calidad que hoy por hoy no existen en la ley es cada día más evidente. Es el momento de completar el impulso dado por la LGCA estableciendo unas calidades determinadas. Somos conscientes de la importancia de un cambio normativo que debe imponer unos criterios de calidad”. Además, insiste también en la necesidad de involucrar en este proceso de accesibilidad a las televisiones de pago.´

 

Es un proceso del que muchos de los actores involucrados se sienten orgullosos, pero muchos de ellos también apuestan por seguir trabajando y ampliando miras, atendiendo otras necesidades o derechos, como explica García Castillejo: “todavía queda mucho por hacer y mucho que desarrollar para llegar a otros sectores, a otras personas con otras discapacidades, como las personas con discapacidad intelectual, para que principios constitucionales como la igualdad se verifiquen en la prestación de servicios de comunicación audiovisual”. Y enumera a continuación algunos aspectos que se han quedado en la cuneta: “ámbitos que llaman la atención por su relevancia, cada vez más, en el mercado audiovisual, como es la desaparición de las obligaciones en el entorno de la televisión de pago, que a día de hoy llega a unos cinco millones de abonados en España. En estos cinco millones de hogares en los que esta accesibilidad se pierde, de alguna manera estamos dilapidando un esfuerzo. Si además unimos a este hecho que, solo en el trecho del año 2013 al 2014, se ha producido un incremento de más de un millón de abonados en el ámbito de la televisión de pago, nadie puede eludir la importancia que este ámbito tiene para garantizar la accesibilidad al conjunto de los ciudadanos. Si a esto le unimos todo lo referido a los servicios de comunicación over-the-top (OTT, aquellos que se brindan a clientes a través de Internet y no directamente por un operador de telecomunicaciones), a los contenidos en Internet, a la necesidad de intentar ya no solo la cantidad sino también la calidad, el garantizar la accesibilidad a contenidos televisivos específicos, como pueden ser los informativos o los contenidos infantiles, debemos entender que todavía queda mucho por hacer y que ojalá dentro de unos años podemos estar midiendo estos nuevos ámbitos televisivos”.

 

Para Ignacio Tremiño, director del Real Patronato sobre Discapacidad, también es necesario “ir más allá de la ley”. Elogia la labor de las televisiones y asegura sentirse orgulloso de la labor del ministerio al que pertenece y de que la audiodescripción y el subtitulado hayan dejado de estar sólo en la agenda de las organizaciones del ámbito de la discapacidad para formar parte también de la de los operadores de televisión.

 

 

La programación subtitulada en la parrilla de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se ha duplicado desde la entrada en vigor de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), mientras que los contenidos con audiodescripción se han multiplicado por más de cinco desde dicho ejercicio. Esta es una de las principales conclusiones del ‘Informe de seguimiento del subtitulado y la audiodescripción en la TDT. Año 2014’,  publicado por el CERMI, en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad, la Universidad Carlos III de Madrid y  el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), responsable de gran parte del contenido del estudio.

 

El informe refleja que se ha pasado de un promedio del 36,8% de programación subtitulada en 2010 a un 67,1% en 2014; la audiodescripción ha aumentado de una hora semanal a las seis horas actuales, y los contenidos disponibles en lengua de signos se han incrementado de la media hora semanal de 2010 a más de dos horas semanales en la actualidad. En cuanto a la evolución de la satisfacción con estos servicios, pone de manifiesto que ha evolucionado mejor la valoración de los usuarios con el subtitulado que con la audiodescripción. Además, de este último servicio, el 60% de quienes tienen necesidad de usarlo, todavía no lo hacen.

 

La directora gerente del CESyA, Belén Ruiz Mezcua, asegura que “este libro está hecho por todos, porque es la contribución de todos los que hemos trabajado en televisión o la hemos consumido”. Recuerda como punto de partida la necesidad de medir lo que se estaba haciendo: “cuando nos encomendaron la tarea de medir cuánto contenido accesible había en la televisión, lo primero que hicimos fue un grupo de indicadores que funcionó perfectamente y llegamos a un consenso y todos medimos igual, es bueno que comparemos las cosas cuando todos medimos igual. Y eso responde a una herramienta que está patentada por el Real Patronato sobre Discapacidad y la Universidad Carlos III. Esto demuestra la gran implicación de la Administración pública por la prestación y medición de estos servicios. También con audiodescripción desarrollamos una herramienta”. 

 

Y como medida cuantitativa de la importancia de este servicio público, ofrece tan solo un par de cifras de la labor desarrollada en el CESyA: “Tenemos 956.855 programas verificados en subtitulado y 616.867 en audiodescripción”.

 

La directora del CESyA agradece además la colaboración de todos los implicados y el firme apoyo del CERMI cuando propuso a la entidad que editaran este informe, “como siempre colaborando”, afirma. Para el CERMI, este apoyo al informe conecta plenamente con su labor editorial: “que es poner en circulación documentos valiosos, que a veces no van a tener otro modo de expresión o circulación, que atañen a los derechos, a la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad, generando conocimiento, difundiéndolo y sobre todo investigando y planteando nuevos retos, nuevos horizontes que siempre tiene esa búsqueda de la inclusión”, explica el presidente del CERMI. 

 

El informe que el CESyA ha elaborado está disponible en su página web y en el enlace que añadimos a continuación:

 

Informe de seguimiento del subtitulado y la audiodescripción en la TDT. Año 2014